19 de octubre de 2013

EL DERECHO A RECIBIR INFORMACIÓN

Juan Carlos Castro/@JimmyTurunen

La crisis del papel ha llevado a numerosos medios de comunicación al borde del abismo, lo que se ha agravado en las empresas más pequeñas, muchas veces un órgano de influencia política por parte de las constructoras.



En la Sociedad de la Información, la crisis de los medios de comunicación ha convertido a los periódicos en meros altavoces de los departamentos de comunicación de empresas, partidos políticos e instituciones.

Las perores situaciones se localizan en los medios rurales y provincianos donde a falta de un futuro claro, la supervivencia en el día a día se convierte en el principal objetivo. Es aquí donde el compromiso de los medios con la información con el derecho de la sociedad a recibirla se ve en serio peligro.

Lo que en las facultades de comunicación se califica de indecente se produce todos los días en las redacciones de los medios de comunicación, convertidas cada vez más en departamentos de comunicación de empresas públicas y privadas.

En este sentido, no solo se trata de obviar las noticias negativas para las administraciones que de una forma u otra forma se ven afectadas. El esperpento deforma la realidad sin mentiras de forma que el suceso principal queda reducido a una mera anécdota y las decisiones judiciales se cuestionan y ridiculizan con críticas informales donde las declaraciones toman el papel principal.

¿Os imagináis que el Ayuntamiento en el que estáis empadronados se ve condenado por una sentencia judicial a perder 290.000 euros y pagar  las costas del juicio y que nadie del municipio se entera? La subida de tasas en los años siguientes en ese contexto de desinformación generalizada estaría injustificada en un pueblo condenado por la ignorancia, un castigo merecido por no tener en la zona un medio de comunicación que cubra sus necesidades informativas, un derecho recogido en la Constitución:
ART 20.1.a) Se reconoce el derecho a comunicar y recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. La ley regulará el derecho a cláusula de conciencia y el secreto profesional en el ejercicio de estas libertades.
Esta situación se vive los núcleos rurales de Castilla y León y el resto de comunidades españolas, en concreto la sentencia citada versa sobre la concesión indebida de un coto de caza en la localidad palentina de Velilla del Río Carrión, donde la cobertura informativa se la reparten a partes iguales Diario Palentino (Promecal) y Norte de Castilla (Vocento).

El pasado 10 de octubre se dictó la segunda sentencia referente a este caso ya que del conflicto surgido en una subasta pública han derivado tres denuncias, los demandantes: la Junta de Castilla y León, el Club Deportivo de Cazadores de Velilla del Río Carrión y los grupos locales de PSOE e iU, ya que el partido que gobierna en el Ayuntamiento es el PP.

El 1 de marzo de 2012, en Pleno del Ayuntamiento (9 concejales) con 5 votos a favor (PP), dos abstenciones (PP) y dos en contra (PSOE e iU) se decidieron cambiar las condiciones de la concesión del coto de caza del pueblo subastado a 29.000€ al año en un plazo de diez años. Debido a que los trámites se alargaron la primera temporada no se pudo cazar en los terrenos del pueblo y la asociación adjudicataria, Club Deportivo de Caza Velillense, pidió la prolongación de un año a los periodos señalados en el BOCyL. El secretario del Ayuntamiento señaló entonces, tal y como recoge el acta, que aquella acción era “de dudosa legalidad” y rebasaba las competencias del poder municipal, aunque la corporación local hizo caso omiso a la advertencia. “Denunciadme si queréis”, aseguran que dijo Gonzalo Pérez, alcalde de la localidad, algunos de los asistentes al pleno.



La Junta denunció al Ayuntamiento por excederse en sus competencias, los anteriores adjudicatarios del coto al Ayuntamiento y el Club Deportivo Velillense por una adjudicación indebida y saltarse el derecho a tanteo que reservaba el anterior contrato y la oposición basó su denuncia en una presunta prevaricación.

A finales del mes de junio el Tribunal Contencioso Administrativo de Palencia falló la primera sentencia, correspondiente a la denuncia presentada por la Junta de Castilla y León. Mientras El Norte de Castilla  confundía a los demandantes en su noticia, Diario Palentino otorgaba cero relevancia a la sentencia, la cual era una simple excusa para que el alcalde denunciado por iU y PSOE tuviera un espacio en el que reflejar excusas y ataques a los denunciantes. No hay noticias del denunciante, que sin saber antecedentes cualquier lector pensaría que es el anterior adjudicatario del coto de caza, no se habla de repercusiones económicas y se tasan las perdidas en un año y no en el de la totalidad del contrato.

La conclusión a la que el lector llegaría al encontrarse con este texto es que el pueblo de Velilla del Río Carrión, a no ser de un resultado positivo en el recurso que presente, perderá 29.000€ por culpa de unos vecinos que denunciaron al Ayuntamiento, por hacer las cosas bien. Lo que vio el juez en el caso fue esto:



El pasado 10 de octubre se publicó una nueva sentencia que los medios han conocido recientemente, la denuncia presentada por los anteriores adjudicatarios del coto de caza también deberá ser recurrida por el Ayuntamiento que ha perdido el juicio en los Tribunales de Palencia:


Velilla del Río Carrión es un pueblo de 1493 habitantes con una gran cantidad de ingresos fijos debido a que en sus territorios acoge una central térmica, tres pantanos y parte del Parque Natural Fuentes Carrionas y Fuente de Cobre. También es uno de los pocos que conserva explotaciones mineras en Palencia, aunque en la actualidad esta se encuentren en EREs. No deja de ser un pueblo pequeño, pero de relativa importancia en la provincia de Palencia, aunque sus posibilidades mediáticas le impiden ser noticia en  medios de interés regional, esas 1493 personas son dignas, como cualquier otro habitante del mundo rural y también urbano, a gozar del Derecho a la Información, recogido en la Constitución. Es una línea en un libro que no es muy gordo, pero el que  solo podamos decir que este derecho se ofrece parcialmente es un mazazo para nuestro sistema y la democracia que votamos hace ya 35 años.

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