24 de noviembre de 2013

NOS QUIEREN INVISIBLES

Hoy debo contradecir a de Saint-Exupèry, a su principito y a la perfecta afirmación de “lo esencial es invisible a los ojos”. El borrador del anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana –pérfido, incongruente y frívolo ante la mirada de muchos– trata de invisibilizar a una multitud desesperada que trata de ser escuchada a través de los canales, nimios, que tiene a su disposición. Un paso evolutivo –la evolución no necesariamente tiende a ser mejor– de la Ley Corcuera.

Foto Dafne Calvo

Un retorno a tiempos lejanos para muchos y recientes en la memoria colectiva de las dos españas que anulan, por completo, al ciudadano. El Estado-Gobierno aglutina poder en detrimento de la soberanía ciudadana no solo ejercida cada cuatro años con el derecho a voto. Porque parece ser que a los españoles les gusta pasar frío, calor, sacar sus paraguas ante los diluvios acontecidos en manifestaciones y reunirse en calles, plazas y avenidas al son de cancioncillas y eslóganes que encierran súplicas de condiciones deplorables.

Un borrador aplazado en el anterior Consejo de Ministrospara estudiar ajustes de encaje jurídico” que seguramente se presentará la semana que viene y que con toda probabilidad comenzará a tramitare antes de finales de año. Quizá –y todo apunta a ello– en 2014 los escraches, manifestaciones o concentraciones sean sancionados económicamente con cantidades de entre 300 001 y 600 000 euros.



Clara frivolización del concepto “seguridad ciudadana” acusando de delincuentes y bárbaros a aquellos que impiden desahucios, insultan a las fuerzas de seguridad cuando alardean de porras y pistolas de pelotas de gomas ante la muchedumbre y sus alaridos de miedo y desesperación en partes proporcionales. Ley que permite la pérdida temporal de documentos de identidad para corroborar que no son falsos y que considera falta grave –entre 1 001 y 30 001 euros– cortar el paso en una vía pública de forma pacífica. O falta muy grave ­–de 30 001 a 600 000– las concentraciones no comunicadas en el Congreso o Senado.

Para la sociedad andaluza de juristas Grupo 17 de Marzo, “una vuelta atrás que pretende criminalizar e invisibilizar la movilización social”. Porque ahora, ejercer algunos derechos que "pertenecen" a los ciudadanos estará aún más limitado, seremos casi invisibles. Siendo estos quienes apliquen la futura ley y con la obligatoria coaboración de seguridad privada y detectives. 




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