13 de noviembre de 2015

OJO POR OJO, MUERTE POR MUERTE

Juan Carlos Castro

La crueldad humana no tiene límites. Desde que Caín asesinó a Abel, marcados por el estigma en la frente los hijos del tercer ser humano del planeta se han adueñado del mundo, continente tras continente. La justicia y la creación de códigos penales donde se determina un intervalo de condena para cada delito que por su gravedad no puede ser tratado por ninguna otra vía judicial ha sido la forma de intentar aplacar la mezquindad y la barbarie de esta enfermedad. Aunque se podría decir que el inicio de estos códigos de leyes no intentaban reducir al mínimo la violencia, sino ofrecer a la víctima una situación que calmara su sed de venganza.

Send me to the 'lectric chair. Cartel promocional de la película

Una de la primeras limitaciones al sistema de venganza y que intentó resultar proporcional en el castigo es la Ley de Talión (Lex Talionis) recogida en los primeros códigos de leyes de los que se tiene noticia y que se podría resumir por el archiconocido: ojo por ojo, diente por diente.

Los códigos de leyes han evolucionado mucho, desde el tiempo de los romanos la justicia pasó a tener un valor más allá de una mera compensación a las víctimas para evitar una cadena de venganza. Algo que sin duda mucha gente aún refrenda y se sigue realizando en muchos países del mundo.

Amnistía Internacional en su informe anual sobre la pena de muerte señala que en 58 países la pena de muerte sigue siendo aplicada en el mundo civil, a los que habría que sumar 35 donde es legal este tipo de condena. Si también nos fijamos en los códigos castrenses hay siete estados más en los que se puede ejecutar a un delincuente.



En estos países la pena de muerte, pese a que su origen sea la ejecución de una venganza desde la autoridad moral del estado, para evitar de esta forma que las víctimas puedan volverse delincuentes, la existencia de este tipo de pena se justifica como un agente disuasorio para evitar que se cometan esta clase de delitos. Aunque la comparativa entre los índices de criminalidad no lo avalen, este argumento sigue dándose por válido y en Indonesia el año pasado se volvió a tipificar la pena capital para acciones relacionadas con el narcotráfico.

Por su parte aquellos países que han dejado atrás este tipo de penas suelen basar sus argumentos en la irreversabilidad de este tipo de condenas. Para lo cual hay que suponer que en los casos que se aplica la pena de muerte existen irregularidades en los juicios y el juez no aplica con proporcionalidad, de acuerdo a las leyes establecidas, las condenas. Ya que se habla de pena de muerte siempre y cuando haya habido un juicio justo previo, algo que a priori hay que suponer siempre.

Sin embargo, hay evidencias de que esto no es así y que la pena de muerte también puede ser aplicada con fines punitivos en interés del estado más allá de lo que tipifique la ley sobre los delitos cometidos. De esta forma países como China, Corea del Norte y Vietnam consideran secreto de Estado el número de ejecuciones que realizan. Aunque no tenemos que basarnos en países bajo regímenes dictatoriales para ver errores en juicios que conducen a una pena de muerte. Dos de las ejecuciones llevadas a cabo en Texas (EEUU) y en las que el condenado era hispano habían sido anuladas por la Corte Internacional de Justicia debido a que previo al juicio se negó a los presos, de origen hispano, el poder recurrir a la asistencia consular de sus respectivos países, algo recogido en el Tratado Internacional de Viena para relaciones internacionales y que fue firmado y ratificado por EEUU.



Excepciones a parte, habría que señalar que la justicia ha evolucionado mucho desde la Ley del Talión, ya no se trata de compensar el daño a las víctimas para evitar una cadena de venganza, si no de establecer un castigo para cada delito con un carácter disuasorio y que a la vez permita que el delincuente pueda volver a formar parte de la sociedad con la seguridad de que no volverá a cometerlo. Esta es la visión que apoya Amnistía Internacional desde una visión global, a nivel estatal el reconocimiento de una superioridad moral por parte del Estado responde a la cultura de cada territorio y la educación que sus ciudadanos reciben.

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